La Secretaría de Movilidad y la Comisión Estatal de Derechos humanos trabajarán de manera coordinada, tanto en el diseño de nuevas políticas públicas como en la capacitación a las diferentes estructuras de la citada dependencia estatal, con la finalidad de garantizar, incidir y fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos.
 
Al participar en el foro denominado “Humanización, dignificación y eficiencia del Transporte Público” organizado en el marco de la Consulta Pública para el Nuevo Modelo de Transporte, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ofreció la estructura del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos para elaborar un programa integral de formación a las diferentes estructuras de la Secretaría de Movilidad.
 
Por su parte Mauricio Gudiño, Secretario de Movilidad, celebró y aceptó este ofrecimiento y dijo que a la brevedad se podrán en contacto las áreas jurídicas de ambas instituciones, para empezar desde ahora con la propuesta de reforma a la Ley y a todo el marco jurídico, con el fin de cambiar el modelo de transporte público.  
 
Durante su ponencia, en la inauguración de este foro convocado por la organización Víctimas de la violencia vial, asociaciones de personas con discapacidad y de colonos, Álvarez Cibrián dijo que si se busca una verdadera dignificación del servicio del transporte público, se debe contemplar a los tres sectores que lo componen: los usuarios, los choferes y los transportistas, pues todos tienen derechos humanos.
 
Álvarez Cibrián señaló que en este proceso de humanización, el transporte público debe tender a ser totalmente accesible para toda la población, incluidos todos los grupos vulnerables como tercera edad o personas con discapacidad. Reconoció que en Jalisco se ha avanzado, porque un porcentaje de unidades están adaptadas para dar el servicio a personas en sillas de ruedas o de talla baja. “Sin embargo tenemos que aspirar a llegar al 100 por ciento; no debemos conformarnos con cubrir solamente porcentajes, tenemos que cubrir la totalidad y no sólo en el transporte público, sino en todas las vías y modalidades de traslado”, enfatizó.
 
El Ombudsman jalisciense también se refirió a la entrada en vigor desde el pasado 4 de mayo, de la Ley General de Víctimas, que protege a víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos, que para el caso de quienes han padecido violencia vial las ampara para que no queden en estado de indefensión e impunidad, además de que prevé la obligación de la reparación del  daño físico, económico y de la salud física y mental.
 
Aunque aclaró que la novedad en la citada ley, es que las víctimas de violencia vial también podrán denunciar violaciones a sus derechos por parte de particulares que presten un servicio público, es decir, quienes ofrecen el servicio de transporte público mediante la figuras de concesionarios o subrogatarios. 
 
En el marco de este foro, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco entregó al Secretario de Movilidad una propuesta de reforma legal, la cual contempla, entre otros aspectos, unificar los valores del alcohol cuando éste sea causa de algún accidente y al mismo tiempo se tipifique como un delito grave; incluir atribuciones del Estado en cuestiones de seguridad vial, así como obligaciones en cuanto al uso del cinturón de seguridad y otros dispositivos como la silla para infantes, el casco para ciclistas y motociclistas, y en lo que se refiere al transporte público, prohibir cualquier elemento que se pueda convertir en un distractor para los conductores.
 

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